Los sucesivos gobiernos locales han ignorado durante más de tres décadas la red hídrica de Totana, permitiendo una degradación química (lixiviación), en la cual el agua —especialmente aquella con características agresivas, como pH bajo o aguas blandas— disuelve y extrae los componentes solubles de la matriz de cemento (principalmente el hidróxido de calcio). Este fenómeno es la causa primordial del envejecimiento de la infraestructura que, por otra parte, genera una grave preocupación de salud pública e ingeniería debido a la consecuente exposición y liberación de fibras de amianto (asbesto).
La lixiviación de materiales en las tuberías de agua potable puede desencadenar diversas enfermedades según el contaminante liberado. La exposición al plomo provoca saturnismo, una condición que causa daños neurológicos irreversibles, retraso en el desarrollo cognitivo en niños, hipertensión y problemas renales. Por su parte, el exceso de cobre disuelto detona gastroenteritis aguda con náuseas y diarrea, además de riesgo de daño hepático a largo plazo. La degradación de tuberías plásticas libera compuestos orgánicos que actúan como disruptores endocrinos, alterando el sistema hormonal y elevando el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Finalmente, la corrosión de metales como el hierro facilita la creación de biopelículas bacterianas donde proliferan patógenos oportunistas, originando brotes de legionelosis (neumonía grave) e infecciones gastrointestinales recurrentes.
La red de abastecimiento de Totana cuenta con unos 150 km de conducciones, instaladas progresivamente durante el "boom" del fibrocemento de los años 60, 70 y 80. Este deterioro continuado viola el marco legal de protección sanitaria (Orden de 7 de diciembre de 2001 y Real Decreto 140/2003), exponiendo a la población a ese riesgo de lixiviación de microfibras cancerígenas en el agua de consumo. La lixiviación de estas conducciones de fibrocemento (caducadas técnicamente hace 30 años), viene provocado, entre otras cosas, por el desvío sistemático de los recibos del agua a la "Caja Única", desde que se remunicipaliza el servicio en 2012, que no se destinaron al cambio de esta red de fibrocemento y su mantenimiento, sumado a una situación perpetuada de inacción omisiva de todos los gobiernos locales, en mayor o menor medida de años atrás.
La auditoría pericial efectuada en junio 2024, encargada por el gobierno local y los propios datos oficiales del Ayuntamiento, destapan una sangría continuada que dura ya 30 años: el municipio de Totana pierde diariamente más del 46% del agua potable inyectada en la red, lo que representa tirar a la basura más de 3.000 euros al día —más de 1,0 millón de euros al año— en agua comprada en alta a la Mancomunidad de Canales del Taibilla que se escapa por canalizaciones totalmente destruidas que hay que volver a comprar.
A pesar de la inmensa gravedad de la situación, los sucesivos equipos de gobierno de distinto signo político han preferido congelar las inversiones requeridas, actuando solo de urgencia en la red y dejando desprotegido el servicio hídrico para utilizar el dinero ingresado por los vecinos de Totana en recibos del agua (~3,8 millones de euros al año), como una "financiera de emergencia" desde que el servicio se remunicipaliza en 2012 mediante un desvío contable sistemático a la "Caja Única" municipal de la recaudación para destinarlo a gasto corriente general del Ayuntamiento. Incluido el canon o concepto del recibo destinado a la renovación y reparación de la red hídrica (tarifa o Canon por Amortización de Inversiones) que representa exactamente, el 26,52% de la tarifa final que pagamos en cada recibo del agua (1.040.000,00 € al año), ejecutando solo un 19,19% para obras reales en la red de aguas (~198.000,00 € al año), según la propia auditoría de 2024. Cuando es un canon finalista que debe ir integro a la renovación y reparación en la red anualmente.
Entre otras cosas a las que se ha ido destinado el dinero de nuestros recibos de agua, ha sido para pagar unos 65 millones en competencias impropias desde 2012 que no nos corresponden a los totaneros y nos podríamos haber ahorrado por la intervención del Ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda y la entrada en vigor en 2013 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). Hoy, se pueden reclamar unos 26,8 millones de euros a la Comunidad Autónoma (CARM) del periodo 2022 y 2025 al no estar prescritos, para poder destinarlos a salvar un servicio de aguas con una vida estimada, según los propios técnicos, de unos 3 a 5 años.
Ante el panorama catastrófico el Sr. Alcalde, de forma inexplicable a la par que ilegal, decide en marzo de este año, unilateralmente, no continuar con la licitación del servicio de agua para su privatización, aprobada por mayoría absoluta en marzo de 2025 para obtener la financiación necesaria de 75 millones de euros para salvar el servicio, según la auditoría. Una operación que haría subir sobre el 20% más el coste de nuestros recibos de agua por parte de la empresa adjudicataria y que parece, no interesar electoralmente, derivado de no repercutirnos durante mas de 15 años los incrementos del coste del agua comprada al Taibilla, ~800.000,00 € al año, por el desfase de la tarifa y los IPCs no aplicados. Pero que los hemos venido pagando en los presupuestos generales con el consiguiente deficit anual acumulado.
La moción registrada por el concejal no adscrito D. Manuel Cánovas para el pleno de octubre del Ayuntamiento de Totana, exige cortar de raíz el expolio de la recaudación de los recibos del agua, habilitando una cuenta inembargable para destinar los ingresos totales al propio servicio de aguas en exclusiva y la red de abastecimiento, que se proceda también, a reclamar por escrito al Gobierno Regional, antes de fin de año, los 26,8 millones de euros estimados que se adeudan a los totaneros de los últimos cuatro años por el pago de competencias impropias y que de inmediato, se proceda a solicitar las ayudas extraordinarias del Estado para financiar la sustitución de las redes hídricas.
Sumando todo lo solicitado, se podrían disponer de unos 38 millones de euros para sustituir tuberías de fibrocemento/amianto caducadas, cuyo coste ronda según la auditoría 43.830.000,00 €. La moción, obliga además a la Alcaldía a rendir cuentas al inicio de cada Pleno Ordinario desde noviembre de 2026 hasta el final de la legislatura, garantizando así que la ciudadanía conozca el avance real de las propuestas para poder ir sustituyendo las tuberías de amianto y poder salvar el servicio hídrico.
