Una representación de la plataforma vecinal de las obras del AVE en Totana, respaldada por las firmas de cerca de un centenar de vecinos afectados, acudió en la tarde de ayer a las dependencias de la Guardia Civil para denunciar la situación de riesgo extremo derivada de los trabajos de construcción del ferrocarril.
Los vecinos han decidido dar el paso a la vía penal ante la inacción de las administraciones, tras haber avisado de forma reiterada al Ayuntamiento de Totana desde el año 2024 e informado puntualmente de la gravedad de los hechos tanto al consistorio como a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Autónoma.
La actuación, registrada bajo el número de atestado 2026-002507-00000515, ha sido remitida al Juzgado de Instrucción de Guardia de Totana.
La plataforma denunció el incumplimiento sistemático de la normativa de seguridad vial, destacando el exceso de velocidad continuo tanto de vehículos pesados como de turismos, agravado por una señalización escasa y deficiente.
La visibilidad en la zona es mínima debido al polvo, lo que ya ha provocado situaciones de atropello que no han llegado a término por puro azar, especialmente ante la inexistencia de pasos de peatones para los vecinos que deben desplazarse por la zona.
En cuanto a las medidas de mitigación, se expuso que la empresa no está implementando los protocolos obligatorios; aunque se realizan riegos puntuales, estos son insuficientes al no ir acompañados de barrido mecánico ni de nebulizadores.
Esto no solo afecta a la seguridad del tráfico, sino que supone un daño grave a la biodiversidad de la zona y un atentado contra la salud respiratoria de los residentes, quienes inhalan diariamente aire contaminado por partículas en suspensión.
Como consecuencia de esta denuncia, el SEPRONA tiene previsto contactar con la plataforma para investigar el impacto ambiental y el incumplimiento de la normativa en la obra.
Los vecinos exigen que se deje de echar tierra a un terraplén que va a enterrar al pueblo y piden que el Delegado del Gobierno visite la zona para tramitar la sustitución del muro por un viaducto en los Sifones y Triptolemos.
Para la plataforma, esta es la única solución para garantizar la seguridad frente a riesgos de avenidas e inundaciones y evitar que Totana quede fracturada y condenada por la contaminación.
Una denuncia exhaustivamente documentada con pruebas gráficas y técnicas
La denuncia presentada por los vecinos de Totana ante la Guardia Civil va acompañada de un completo conjunto de anexos que refuerzan y acreditan de forma objetiva la gravedad de los hechos denunciados. Entre ellos destaca un dossier fotográfico de evidencias, elaborado entre finales de enero y comienzos de febrero de 2026, que documenta de manera sistemática las consecuencias directas de las obras del AVE en el entorno de la RM-609 y el Camino de los Sifones.
El material gráfico se estructura en distintos bloques temáticos que permiten seguir el rastro del impacto desde el origen del problema hasta el interior de las viviendas afectadas. En él se recogen daños estructurales en la calzada, generación de lodos deslizantes, nubes de polvo en suspensión, desprendimiento de áridos desde camiones, deficiencias en el sellado de lonas y ausencia de sistemas eficaces de limpieza de vehículos.
Asimismo, el anexo incorpora imágenes que evidencian la afectación directa a la habitabilidad, con acumulaciones de polvo en fachadas, accesos, cerramientos, piscinas y vehículos particulares, así como el deterioro de la vegetación, señalado como un indicador claro de la saturación de partículas contaminantes en el aire.
El dossier concluye con una propuesta detallada de medidas correctoras inmediatas, entre las que se incluyen la limpieza mecánica diaria de la vía, la instalación obligatoria de sistemas de lavado de ruedas y chasis, el sellado estanco de los camiones, la reducción estricta de la velocidad del tráfico pesado y un protocolo permanente de limpieza de las viviendas afectadas.
Según la plataforma vecinal, este anexo demuestra que no se trata de hechos puntuales ni percepciones subjetivas, sino de una situación continuada, acreditada y conocida, que pone en riesgo la seguridad vial, la salud pública y el medio ambiente, y que ha motivado la decisión de acudir finalmente a la vía penal ante la falta de respuesta de las administraciones competentes.
