El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Totana, Alfonso Martínez Baños, compareció ante los medios de comunicación para exigir el cumplimiento de la Ley, y la máxima transparencia en la negociación y aprobación de los convenios urbanísticos.
Manifestó la preocupación de un amplísimo sector de la sociedad por el modelo de desarrollo urbanístico que, según dijo, ha impuesto el PP, y añadió que se está haciendo un urbanismo a la carta. Según Martínez Baños los convenios urbanísticos tendrían que ser una herramienta para desarrollar los planes generales de urbanismo, y no al contrario. Denunció que se utiliza el urbanismo para recaudar y no para planificar el desarrollo de la ciudad, y aventuró serios problemas para el futuro.
Señaló que recientemente el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia se ha unido a las voces que recomiendan cambiar el modelo de desarrollo, y que este organismo ha denunciado públicamente que construir 300.000 viviendas en los próximos años es un disparate insostenible.
También dijo que el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Murcia declaró a un medio de comunicación regional el pasado domingo, que el modelo de desarrollo urbanístico basado en los convenios urbanísticos induce a la corrupción y la delincuencia.
Dijo que ya son demasiadas voces las que se están levantando contra la política de desarrollo del territorio del PP, y que espera que todas estas manifestaciones obliguen a los responsables de este partido, y en especial al alcalde de Totana, Juan Morales, y al concejal de Urbanismo, Juan Carrión, a reflexionar. Añadió que sería triste tener que estar recordando a ambos, como los autores del mayor atropello al futuro de Totana.
Vinculó el modelo de desarrollo urbanístico del PP al incremento de la delincuencia en Totana, y en el resto de la región. Añadió que las mafias de medio mundo se están empezando a refugiar en la Región de Murcia, al amparo de la especulación y el enriquecimiento fácil. Según Martínez Baños en estos momentos la región reúne todos los requisitos que utilizan estas mafias para el blanqueo del dinero.
Indicó que los convenios urbanísticos son una herramienta para utilizarla con moderación, y sobre todo con transparencia. Anunció que el PSOE ha presentado una moción para debatir en pleno, y que en ella se ponen cinco condiciones para garantizar la transparencia.
La primera es garantizar el cumplimiento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas garantizando la libre concurrencia, y puso un ejemplo para demostrar que en estos momentos al amparo de los convenios urbanísticos se esta adjudicando obra publica a dedo a militantes del PP. La segunda petición del PSOE es la de solicitar varios informes de organismos independientes antes de firmar los convenios. La tercera propuesta exige garantías para que en las grandes urbanizaciones de uso residencial, los promotores tengan que hacerse cargo de la construcción de servicios básicos como escuelas, centros de salud o polideportivos. También piden informes de los organismos competentes, para asegurar a los nuevos desarrollos urbanísticos el abastecimiento de agua y energía. Y por último liberar al ayuntamiento de la obligación de indemnizar a los promotores, en el caso de que en el transcurso desde la aprobación hasta la ejecución del convenio, se detecte cualquier tipo de irregularidad.
