Según fuentes de Izquierda Unida en Totana, en la conferencia coloquio impartida por el Profesor de Ecología de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Esteve, presentado por su portavoz en el Ayuntamiento de Totana, Pedro Martínez, en los locales del Centro Cultural y Obrero, se puso de manifiesto los graves problemas que va a supones a corto plazo, la política urbanística que está impulsando el Gobierno Regional del PP y muchos Ayuntamientos en el Región de Murcia. Los numerosos asistentes, pudieron participar en el coloquio, que fue precedido de una exposición de diapositivas, con datos y propuestas alternativas, desde los movimientos conservacionistas.
Según informaron las mismas fuentes, Esteve puso de manifiesto el abandono de la gestión pública del suelo, la Agenda 21 queda en papel mojado y los proceso de convenios, al amparo de una Ley del Suelo que desprotegió 15 hectáreas, sin publicidad ni control de los movimientos sociales o la oposición, están fomentando modelos como el de Marbella o Torrevieja, donde la corrupción de políticos y técnicos, han levado al desastre, el caos y la proliferación del operaciones opacas, como el blanqueo de dinero negro y presencia de mafias.
Asegura que si se cumplen los planes del PP, en 2015 seremos 2.400.000 habitantes en la Región, el Mar Menor aumentará en 45.000 viviendas, la atmósfera soportará 2.500.000 vehículos, además de una perdida en la biodiversidad, degradación paisajística ola destrucción del suelo fértil. “Los murcianos autóctonos, seremos una minoría étnica, con la pirámide de edad invertida, en un territorio “sembrado” de urbanizaciones bunker o resorts…” manifestó el Doctor en Biología. La baja calidad del empleo o el déficit de servicios públicos e infraestructuras, para las generaciones venideras, serán otras de las herencias de la política actual de depredación, fomentada por Valcárcel.
Según IU, los asistentes concluyeron en la necesidad de una amplia movilización ciudadana, para reforzar la conservación de la naturaleza, mayor racionalidad ambiental, que las corporaciones locales aumenten su financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado, el cambio de fiscalidad a viviendas de segunda residencia o terrenos protegidos y la persecución implacable a la corrupción urbanística.
