Murcia

Los promotores reclaman a López Miras que actúe "ante la pasividad de los ayuntamientos"

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José Hernández insiste en que la Región de Murcia "debe apostar por la industria inmobiliaria", y en la necesidad de "estabilidad" para lograrlo

Los promotores reclaman a López Miras que actúe ante la pasividad de los ayuntamientos

Los empresarios exponen al presidente autonómico 30 medidas "para un desarrollo ágil, transparente y adaptado a los nuevos clientes"

Los promotores inmobiliarios consideran necesario impulsar la aprobación de los Planes Generales para dar seguridad jurídica y "evitar que el único suelo disponible esté en manos de unos pocos, lo que puede provocar procesos inflacionistas". La propuesta de los empresarios pasa por "obtener una buena oferta de suelo para contener los precios".

Este es uno de los asuntos tratados por el presidente de la asociación sectorial (APIRM), José Hernández, en la reunión que ha mantenido este miércoles por la tarde en el Palacio de San Esteban con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Hernández ha insistido en que Murcia "debe apostar por la industria inmobiliaria". La obtención "de un stock técnico de suelo en zonas de demanda", ha añadido, es una "fórmula que permitirá la contención del precio de la vivienda". El plan de los promotores pasa "por un crecimiento sensato y acorde con la industria moderna e innovadora en la que nos estamos convirtiendo".

Pese al incremento sostenido de la actividad inmobiliaria, los emprendedores siguen topándose con una traba recurrente: la lentitud de la Administración. José Hernández ha expuesto esta situación al presidente autonómico y le ha presentado más de treinta propuestas "para un desarrollo del sector ágil, transparente y adaptado a los nuevos clientes". Para el líder sectorial "la actividad inmobiliaria debe empujar la economía regional de forma equilibrada y sostenida, y eso pasa por mejorar con grandes dosis de innovación".

Hernández ha enumerado a López Miras los obstáculos con los que se encuentran los empresarios en la gestión urbanística de sus proyectos y que dificultan la conversión de la promoción inmobiliaria en una "verdadera industria". "Hay ayuntamientos que llevan más de 30 años sin revisar su Plan General, lo que no genera seguridad jurídica para los inversores", ha detallado. Ante esta demora "la Comunidad Autónoma debe aplicar el artículo 17.4 de la Ley del Suelo en los casos en los que los ayuntamientos están actuando de forma pasiva en el desarrollo de los planes generales de sus municipios". "La Comunidad Autónoma debe de subrogarse en las competencias de los ayuntamientos y favorecer unas reglas del juego transparentes para tener un desarrollo ágil y sostenible", ha demandado a López Miras.

El presidente de los promotores también ha trasladado su preocupación por conseguir "la necesaria celeridad en los planes parciales, donde, en el mejor de los casos, se requiere entre 8 y 10 años para pasar de un suelo urbanizable a urbano". Esta situación, ha expuesto, "lastra el dinamismo de proyectos, tanto residenciales como industriales y hoteleros, e impide que la Región de Murcia se sitúe como un destino turístico de calidad y un referente para el desarrollo industrial".

Hernández ha solicitado además la aplicación de soluciones que ayuden a agilizar la obtención de licencias de edificación. Los promotores denuncian que, en la actualidad, consistorios como los de Los Alcázares, San Javier y Cartagena necesitan entre 10 meses y un año para la concesión de licencias.

En este proceso "necesitamos el apoyo de la Administración, tanto local como regional, que deben actuar de forma inminente sobre algunos puntos negros que nos siguen lastrando". Entre ellos ha citado "las duplicidades de documentos, la necesidad de modificar distintos Planes Generales y la falta de agilidad en los informes sectoriales".

Hernández ha esgrimido el stock que la Región de Murcia todavía atesora en determinadas zonas de la costa para solicitar la ayuda del Gobierno regional en el desarrollo de un Plan de promoción exterior para la vivienda de segunda residencia, cuyo cliente principal es el comprador extranjero. Este apoyo institucional es aún más necesario en un momento como el actual en el que el comprador extranjero está delimitado en un 65% por el cliente británico. "Se necesita una ampliación hacia nuevos mercados ante un posible impacto negativo del efecto Brexit".

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