Murcia, 29 may (EFE).- El ex alcalde de Totana y diputado regional Juan Morales declaró en los tribunales que al dejar la alcaldía se llevó fotocopias de más de 50 convenios urbanísticos a su casa y a la gestoría jurídico-fiscal, que regenta ahora su primera mujer, por motivos de "seguridad".
De esta forma consta en la declaración que Morales hizo como imputado ante el magistrado Julián Pérez Templado, instructor de la causa que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia abrió por la presunta implicación del ex alcalde en el caso Totem, de supuesta corrupción urbanística en Totana.
Morales, así como su primera mujer María del Carmen Jordán; su actual pareja, una ciudadana brasileña, y el alcalde de Totana en la actualidad, José Martínez Andreo, entre otros, serán llamados a declarar a partir del día 10 de junio por la citada Sala, según informaron a Efe fuentes próximas a la investigación.
El 10 de abril pasado, Morales manifestó ante la Sala que trabajó en Totana en la asesoría fiscal, que en la actualidad lleva su mujer, entre 1987 y 1991, fecha en la que fue elegido concejal de la localidad por el PP, y que durante aquel tiempo "su esposa le ayudaba sin estar dada de alta" en la Seguridad Social.
Aseguró que toda la competencia urbanística la "llevaban los concejales" y que el primer edil "firmaba en representación del Ayuntamiento", sin que éste entrase en "las decisiones importantes".
En referencia a los convenios urbanísticos, el ex alcalde señaló que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) los técnicos municipales elaboraron una especie de "tabla" donde se preveían los aprovechamientos urbanísticos de cada zona, por lo que el "propietario (dice en unos casos) y el promotor (en otros) sabía cuales eran sus derechos y lo que tenía que pagar".
"Todo el mundo que estaba interesado en hacer un desarrollo urbanístico tenía perfecto conocimiento de lo que tenía que pagar y a quien, que era el Ayuntamiento exclusivamente", añade.
Aseguró no haber utilizado "nunca" la asesoría siendo alcalde para "negocios distintos a los ya habituales", no haber llevado temas urbanísticos, aunque reconoció que en la gestoría "guardaba documentos de la alcaldía porque se iban a hacer reformas, y en el 2007 (tras dejar la alcaldía) se llevó fotocopias de convenios urbanísticos por garantía de seguridad".
En otro momento afirmó que porque "los había firmado como alcalde y faltaba la mitad del dinero por recaudar".
Aseguró ante el magistrado y el fiscal que no entregaba copias de éstos documentos a su primera mujer, y negó que María del Carmen Jordán interviniera en convenios.
Afirma además desconocer si ella sabe de temas urbanísticos, ni si se dedica a hacer gestiones de este tipo.
A pesar de ello, los integrantes de la Sala muestran a Morales uno de los documentos intervenidos en los registros realizados por los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO): un contrato de arrendamiento de servicios para gestión urbanística a nombre de María del Carmen Jordán para una finca de una de las empresas citadas en el caso.
Morales negó tener actividad alguna al margen de su cargos de concejal, alcalde o diputado regional, aunque uno de los documentos aportados por la investigación es una nómina como director comercial de la firma Maryper, que explica como "justificante del arrendamiento" de un piso en Murcia.
A lo largo del interrogatorio, de forma rotunda y en varias ocasiones, el diputado regional negó "haber solicitado ni recibido cantidad alguna en concepto de comisión por actuaciones urbanísticas".
Juan Morales dijo no ser responsable de los argumentos empleados por "empresarios o comisionistas" para hacer negocios, y negó que la letra de algunos escritos fuera suya, por lo que ante la insistencia la Sala pidió la elaboración de una prueba caligráfica.
Morales aseguró que las cantidades pagadas para la compra de coches, viviendas, 55.000 euros localizados por la Guardia Civil en el piso de su novia y otros pagos en efectivo procedían de sus ahorros, de entre 1987 y la actualidad. EFE
