Sánchez Méndez: "La Ley de Autoridad Docente fortalece el prestigio y la dignidad del profesor"

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Sánchez Méndez: La Ley de Autoridad Docente fortalece el prestigio y la dignidad del profesor

La secretaria general del PP de Totana y concejal de Educación, Josefa María Sánchez Méndez, ha valorado “muy positivamente” la reciente aprobación de la Ley de la Autoridad Docente, que considera “es un compromiso personal del presidente Valcárcel y del PP, puesto que era un objetivo de nuestro programa electoral” y con la que “se fortalece el prestigio y la dignidad del profesorado en respuesta a una demanda de la sociedad murciana”. 

Sánchez Méndez ha explicado que los profesores “constituyen una parte esencial en el proceso de aprendizaje y el desarrollo personal del alumno”, por lo que esta Ley “garantiza la protección jurídica que se deriva de dicha atribución en caso necesario, así como la presunción de veracidad de los hechos que éstos constaten, algo que sólo se reconoce a personas que están investidas de autoridad". 

Según ha señalado, “con esta Ley, los profesores serán considerados como ‘autoridades públicas’ docentes”, añadiendo que “además se contempla que de los daños que se ocasionen en los centros se hará cargo la familia del alumno en cuestión, que deberá pagarlos si así se estima”.  

La dirigente ‘popular’ ha explicado que la Ley de Autoridad Docente “responde a una demanda de la sociedad murciana, que reconoce el importante papel de los docentes en nuestra Región, así como a la necesidad de apostar por un adecuado clima de convivencia y respeto en las aulas”. 

La concejal de Educación ha destacado que esta nueva Ley ha sido compartida con toda la comunidad educativa en los foros de participación establecidos, como el Consejo Escolar de la Región de Murcia, la Mesa Sectorial de Educación y la Comisión de Directores. 

Esta Ley, que Sánchez Méndez estima “importante para aportar soluciones eficaces y para abrir nuevos espacios a la consideración y protección real del docente en los centros educativos”, se aplicará en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Región que imparten enseñanzas no regladas no universitarias, extendiéndose tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.

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