Las obras de adecuación de la antigua N-340, correspondientes a la primera fase del proyecto global, estarán finalizadas a finales del próximo mes de mayo, y tienen un presupuesto de 341.000 euros, según informaron el portavoz del Gobierno municipal, José Martínez Andreo, y el concejal de Urbanismo, Antonio Aliaga.
Los ediles explicaron el estado actual de esta actuación y repasaron el procedimiento llevado a cabo desde su contratación, y valoraron la querella criminal interpuesta hace unos meses por el Grupo Municipal Socialista contra el Gobierno municipal por un presunto delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de las obras.
Aliaga recordó que el Ayuntamiento suscribió un convenio en la anterior legislatura con el Ministerio de Fomento para financiar las obras de mejora del tramo urbano de la avenida Juan Carlos I por un importe de 341.000 euros para esta primera fase y de 1,6 millones de euros para el proyecto global.
El edil explicó que se realizó la contratación urgente de la primera fase para no perder la subvención y después el concurso público para la redacción y ejecución de la obra, al que se presentaron un total de cuatro proyectos diferentes y la empresa Ferrovial-Agroman resultó la adjudicataria.
El concejal de Urbanismo afirmó que se contrató el tramo que se está ejecutando en la actualidad y se elaboró un estudio global de todo el tramo que comprende la avenida Juan Carlos I a su paso por Totana, y que contempla en sucesivas fases la construcción de seis rotondas entre la entrada y salida de la travesía.
Además, dijo que se paralizaron las obras de esta fase porque éstas no encajaban dentro del proyecto global, el cual recoge un total de 4 carriles para descongestionar el tráfico -2 a cada lado-, 1 paseo boulevard para dar protagonismo al peatón, zonas verdes, 1 carril-bici en todo el trayecto y 1 vía de servicios a ambos lados.
Aliaga subrayó que la pretensión del Ayuntamiento es continuar el proyecto en sucesivas fases dándole continuidad a la obra, y atribuyó el retraso de las obras a los imprevistos que se han presentado en una actuación “compleja”, que engloba obras de saneamiento, riego, red de pluviales y canalización de la red eléctrica.
Comentó que ésta es una obra “de futuro”, cuyas actuaciones no se ven a corto plazo; y lamentó las molestias que éstas estaban ocasionando a los vecinos de la zona y usuarios en general por tratarse de una actuación “de gran envergadura”.
Por su parte, Martínez Andreo reiteró que el compromiso del Gobierno municipal es continuar ejecutando el resto de fases para dar un tratamiento global a la travesía y calificó de “campaña contra la institución y el Gobierno municipal” la querella criminal interpuesta y el díptico informativo lanzado por el PSOE de Totana.
El portavoz municipal indicó que “querían la foto de los concejales del PP en los Juzgados, y la consiguieron”; y criticó al Grupo Socialista porque hasta entonces “nadie se había preocupado de la redacción del proyecto de esta obra a sabiendas de que a fecha de 31 de diciembre de 2004 se tenía que ejecutar la subvención con los 341.269,09 euros”.
Martínez Andreo dijo que el Gobierno municipal articuló una serie de mecanismos para agilizar el sistema de contratación que impidiera perder la subvención y realizar una serie de actuaciones antes de esa fecha cumpliendo con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Fomento.
El concejal de Servicios a la Ciudad desmintió que se haya favorecido a ninguna empresa y que haya desaparecido el importe de la subvención o que existiera compensaciones o aumentos de cuantía económica del proyecto, al tiempo que defendió la “absoluta transparencia” que en este asunto ha mantenido el equipo de gobierno.
Asimismo, insistió en que la totalidad del importe de la subvención está en una cuenta bancaria, cuyos datos facilitó para su posible comprobación; y añadió que sólo se pagará a las empresas que realizan las obras cuando éstas se ejecuten de forma definitiva.
Martínez Andreo criticó la actitud de los siete concejales que suscribieron la querella criminal porque promover “esta caza de brujas y provocar este daño a la institución y al municipio”, así como por “torpedear” la llegada y ejecución de inversiones en el municipio.
Por último, pidió al PSOE que rectifique públicamente sobre la acusaciones a los concejales del PP y a sus familias por “el daño moral” que han ocasionado las afirmaciones recogidas en dicho díptico, en el que se tilda de “criminales” a los ediles del Gobierno, entre otros calificativos; e informó que los servicios jurídicos municipales van a estudiar el contenido del mismo por si éste fuese constitutivo de delito.
