La Policía Local de Totana ha abierto durante el pasado fin de semana, del 5 al 7 de junio, un total de 10 expedientes sancionadores por diferentes motivos, entre los que destacaron encontrarse en situación irregular en España, así como contravenir las ordenanzas y las normas recogidas en estado de alarma, según informan fuentes de la Jefatura.
Al respecto, se han abierto 4 expedientes sancionadores por infracción a la L.O 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, por encontrarse irregularmente en territorio español.
En relación a las ordenanzas municipales se han abierto un total de 4 expedientes sancionadores: 3 por ocasionar molestias en el vecindario en la calle Héroe Gabriel López Navarro, calle Antonio Machado y calle General Aznar, y 1 por orinar en la vía pública en la avenida Juan Carlos I.
Asimismo, a dos vecinos que se negaban abandonar un establecimiento hostelero en la calle Ibiza, se les ha abierto sendos expediente por vulneración del apartado 7 del artículo 37 de la LO 4/2015, de 30 de marzo sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Estado de alarma
En relación con el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma durante el pasado fin de semana, los agentes de la Policía Local de Totana han realizado la apertura de 2 expedientes sancionadores.
Uno de ellos el pasado domingo día 7 de junio, a un establecimiento hostelero, ubicado en la avenida Juan Carlos I, por permitir el consumo de bebidas en la barra del bar, vulnerando lo especificado en la Orden SND/458/2020 de 30 de mayo.
La apertura del otro expediente se realizó el día 5 de junio, cuando en un control programado en el paraje Paso de María Jesús se pudo controlar a una furgoneta de 3 filas, que transportaba en su interior a 7 pasajeros, no convivientes, 3 de ellos en la segunda fila de asientos; acción expresamente prohibida en la Orden TMA/384/2020 de 3 de mayo, que especifica que hay que “respetar como máximo dos personas por cada fila de asientos”.
Además, dichas sanciones están calificadas como graves, y la multa pecuniaria oscila entre los 601 euros a 30.000 euros. Los criterios de graduación de dichas sanciones dependen de la actitud del denunciado hacia los agentes, del nivel de riesgo producido para la seguridad ciudadana o la salud pública (número de personas, circunstancias, etcétera), reincidencia o persistencia en la infracción, presencia de menores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
También están en función, en especial en los supuestos de circulación mediante vehículo no permitida, que se incrementen los riesgos de contagio del COVID-19, número de ocupantes del vehículo, actitud dolosa del causante de la infracción y dificultad de identificación del infractor o infractores.
Al conductor de la furgoneta, como posible empleador de los ocupantes de la furgoneta, que manifestaron a los agentes que trabajaban de forma irregular, sin estar asegurados, se le ha abierto un expediente que ha sido enviado a la Inspección Provincial de Trabajo de Murcia que continuará las indagaciones oportunas a fin de sancionarlo administrativamente, y en su caso se enviarán las investigaciones al Juzgado si se sospecha la comisión de un posible delito contra los derechos de los trabajadores.
Durante el estado de alarma, en los centenares de controles realizados por los agentes de la Policía Local, se ha realizado la apertura de 10 expedientes a empleadores, por la posible contratación irregular de 51 trabajadores, que se han podido identificar. Dichos expedientes se han enviado a Dirección Territorial Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia. Si se demuestra. Las sanciones pueden oscilar desde los 500 euros hasta los 100.000 euros.
